El alcalde de la ciudad de Nueva York firmó el martes una
ley que limitará la cooperación entre el municipio y el
gobierno para evitar la deportación de inmigrantes sin
papeles que son arrestados pero después declarados inocentes.
La ley, que fue descrita como "histórica" por los activistas
e inmigrantes que la apoyan, evitará que el Departamento de
Prisiones de la ciudad entregue a una agencia federal de
inmigración los nombres de presos extranjeros que llegan a
la cárcel de Rikers Island y no tienen autorización para
residir en Estados Unidos.
"Nuestra ciudad es una ciudad de inmigrantes. Queremos
asegurar que tengan oportunidades aquí", dijo el alcalde
Michael Bloomberg antes de firmar la legislación en una
abarrotada sala de la alcaldía. "Creo que esta medida
protege la seguridad pública y asegura que inmigrantes que
son inocentes y no tienen un récord criminal queden fuera de
custodia".
Los inmigrantes sin papeles que se beneficiarán de la
iniciativa son los que son arrestados por otras causas,
llevados a Rikers Island, pero que después ven sus casos
desestimados, son declarados inocentes o son sólo acusados
de delitos menores. El Departamento de Prisiones
identificó a más de 13.000 presos extranjeros en 2010. De
éstos, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE
por sus siglas en inglés) clasificó a casi 3.200 para ser
deportados, según datos municipales.
Casi un 50% de los presos de la ciudad que en 2009 fueron
entregados a ICE no contaban con condenas previas. Un 20,9%
había cometido un delito menor.
Gamaliel López, un mexicano de 26 años que pasó 20 meses
en Rikers Island por un crimen que no cometió, aplaudió la
firma de Bloomberg.
"Estoy realmente feliz porque esto dará oportunidades a
muchos inmigrantes", dijo el inmigrante, claramente
emocionado. "Perdí 20 meses de mi vida. Fue una pesadilla y
no quiero volver a vivirla".
López fue arrestado el 6 de agosto del 2009 por asalto.
Este año su abogado logró demostrar tras un juicio de 10
días que López no asaltó a nadie sino que fue víctima de un
ataque homofóbico de varios hombres en el condado de
Brooklyn. El mexicano, que es homosexual, fue declarado
inocente. Aún así, fue entregado a ICE y en la actualidad
está batallando una orden de deportación.
Hasta ahora, los funcionarios de Rikers Island pueden
retener 48 horas adicionales a inmigrantes a partir de su
fecha de liberación para entregarlos a las autoridades
migratorias. La nueva ley prohibirá a la cárcel retener
durante ese período a inmigrantes que no tengan un historial
criminal, órdenes de arresto pendientes, no registren
órdenes de deportación previas y no estén en la lista de
terroristas más buscados.
Estos presos, aunque no tengan autorización legal para
residir en el país, serían dejados en libertad.
Ross Feinstein, portavoz de ICE, dijo a Associated Press
el martes que las agencias que colaboran con ICE ayudan a
proteger la seguridad pública.
"ICE identifica a extranjeros con cargos criminales para
asegurar que criminales peligrosos no son liberados de
cárceles y prisiones y enviados de nuevo a nuestras
comunidades", dijo el vocero a través de un mensaje de
correo electrónico. "Incluso aunque algunos inmigrantes sean
detenidos por delitos menores, podrían contar con
historiales criminales serios que desconocemos en Estados
Unidos y ocultar así su verdadero peligro a nuestra sociedad".
Feinstein dijo recientemente que el gobierno federal
cuenta con recursos limitados para deportar a inmigrantes
que no han regularizado su situación ante las autoridades.
Es por eso, que la identificación y el procesamiento de
presos inmigrantes previamente a su liberación de la cárcel
reduce el coste total y trabajo del gobierno, ya que
minimiza el tiempo que éstos pasan detenidos por ICE.
Varias personas hablaron durante la audiencia del martes
en el ayuntamiento en contra de la legislación, asegurando
que generará más inseguridad.
"Aprobando esta ley no estamos poniendo en peligro la
seguridad de este país", respondió el alcalde. "La gran
mayoría de los que están aquí ilegalmente pagan sus
impuestos. Está demostrado que contribuyen a la economía de
la ciudad. Lo que hemos de encontrar es una solución a la
situación de los indocumentados del país. No vamos a
deportar a 11 millones de personas".
