En víspera de la entrada en vigencia de la ley, la jueza federal Susan Bolton emitió un fallo en el que suspende las provisiones de la ley que autorizaban a la policía a revisar la condición migratoria de personas "sospechosas" que hayan sido detenidas por alguna otra razón.

Además, dejó sin efecto el punto de la SB 1070 que exige que los inmigrantes lleven consigo la documentación que los acredita como residentes legales, y el que declaraba ilegal que inmigrantes indocumentados soliciten empleos en espacios públicos, como suelen hacer albañiles y jardineros en estacionamientos de tiendas en EE.UU.

"Hay una sustancial posibilidad de que los oficiales arresten erróneamente a extranjeros residentes legales bajo la nueva ley", explica Bolton en su escrito de 36 páginas, en el que advierte que "Arizona impondría un distinto, inusual y extraordinario peso en los extranjeros residentes legales que sólo el gobierno federal tienen la autoridad de imponer".

Satisfacción oficial

Según el dictamen de la jueza Bolton, "es muy probable" que el gobierno logre demostrar la inconstitucionalidad de esos aspectos de la ley durante el juicio por la demanda que el Departamento de Justicia ha presentado contra el estado de Arizona, con el argumento de que está usurpando funciones exclusivas del gobierno federal.

"Revisaremos de cerca cada elemento que la jueza (Susan) Bolton removió de la ley y pronto presentaremos una apelación expedita ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos".

En Washington, funcionarios del gobierno del presidente Barack Obama consideran que la jueza actuó "correctamente", dijo Hannah August, portavoz del Departamento de Justicia.

"Aunque entendemos la frustración de la gente de Arizona con el fallido sistema de inmigración, retazos (de leyes) de políticas locales y estatales interrumpirían seriamente el trabajo federal sobre inmigración y al final sería contraproducente", explicó August.

August destacó los esfuerzos y los "recursos sin precedentes" que está dedicando el gobierno central a reforzar la seguridad fronteriza, como el envío de 1.500 soldados de la Guardia Nacional que serán desplegados a partir del 1 de agosto.

Grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes también han expresado su satisfacción por la suspensión de algunos de los efectos de la ley SB 1070.

"Es incluso un poco más de lo que estábamos esperando", le aseguró a BBC Mundo Maribel Hastings, portavoz de Americas Voice, un centro de diseño de políticas públicas de Washington que aboga por una reforma integral de las leyes migratorias.

"Obviamente hubiéramos querido que se bloqueara totalmente la aplicación de la ley, pero esto nos da esperanzas de que se pueda dilucidar favorablemente en los tribunales", dijo Hastings quien recordó que lo migratorio "no es cosa de tribunales".

Ley problemática

"Independientemente de esta decisión, la ley en si misma es para nosotros problemática", dijo Maribel Hastings, quien recordó que queda por delante el juicio por inconstitucionalidad.

"El gobierno federal, y sobre todo el Congreso, deben finalmente impulsar una reforma de las leyes migratorias que eviten asuntos como el de Arizona, para no seguir dilucidando esto en tribunales" afirmó Hastings.

La jueza había escuchado la semana pasada los argumentos de las partes y se esperaba su decisión en cualquier momento.

Ante la inminencia de la entrada en vigencia de la ley, cientos de activistas contrarios a la medida se fueron concentrando en Phoenix para protestar contra el nuevo estatuto.

Simultáneamente, las autoridades locales se prepararon para manejar manifestaciones potencialmente violentas, pero ahora es posible que la protesta prevista para este jueves se transforme en celebración por lo que los activistas pro inmigrantes consideran una victoria.

"Trabajo complementario"

La SB 1070 fue aprobada por el parlamento estatal de mayoría republicana y sancionada en abril pasado por la gobernadora Jan Brewer, del Partido Republicano.

El gobierno estatal presentó una contrademanda argumentando que no usurpa sino "complementa" el trabajo del gobierno federal, mientras que aseguró que sus 15.000 oficiales de policía podrían ayudar al arresto de inmigrantes indocumentados.

"Los jefes de policía de todo el país han dicho que los esfuerzos en la ley migratoria deben hacerlos los agentes federales. Nosotros no pedimos al gobierno que responda en nuestras vecindades por las llamadas de ayuda que recibimos"

Arturo Venegas, ex jefe de policía de Sacramento, California

Sin embargo, algunos funcionarios policiales locales han rechazado que se les adjudique responsabilidades migratorias y varios han presentado demandas contra la ley.

"Nosotros no debemos ser agentes federales", aseguró Arturo Venegas, ex jefe de la policía de la ciudad de Sacramento, California y director de la Iniciativa para Aplicación de la Ley, un grupo que busca vincular a las comunidades con las policías que les sirven.

"Los jefes de policía de todo el país han dicho que los esfuerzos en la ley migratoria deben hacerlos los agentes federales. Nosotros no pedimos al gobierno que responda en nuestras vecindades por las llamadas de ayuda que recibimos", afirmó Venegas, quien teme que se pudiera romper la comunicación con las comunidades inmigrantes.

Superada la expectativa judicial, ahora una de las incógnitas es cómo actuarán a partir de este jueves algunos alguaciles, como el famoso sheriff Joe Arpaio, quien ha dicho que seguirá revisando el estatus migratorio de los extranjeros que viven en el condado de Maricopa, Arizona.